La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento.

La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.

Combatir frontalmente la delincuencia común, el crimen organizado y la violencia en todas sus formas es indispensable; para tal fin es necesario mejorar y fortalecer los SISTEMAS DE INFORMACIÓN a través de los cuales se reportan las cifras de hechos violentos, teniendo como sustento que la información es una herramienta de gestión y gobernabilidad; la misma que permita la toma de decisiones técnicas y políticas, mejorando la capacidad de acción de las autoridades frente a la criminalidad.